La AFIP acaba de sacar una resolución (Res. 3220/2011) por  la cual se fijan relaciones para el personal asalariado del tambo.

La Mesa Nacional ha sido más que prudente por varias razones. Si bien siempre ha atendido los reclamos sectoriales y los ha defendido con la vehemencia necesaria, dejando claro cuándo estuvimos de acuerdo y cuándo no, el respeto que nos merecen las instituciones y el mayoritario reconocimiento popular que se reflejó en las urnas, nos hizo siempre tratar de analizar la problemática de los tamberos desde una perspectiva sistémica que incluya los intereses nacionales más amplios.

La reunión mantenida con el Ministro de Agricultura y todas las ocasiones en que tuvimos contacto con la Subsecretaría de Lechería así lo demuestran. Sin embargo, las acciones que desplegara la Secretaría de Comercio siempre parecían no tener en cuenta una visión integral y estratégica sino más bien coyuntural y sesgada, lo que mereció también nuestro más enérgico reclamo por sus contenidos y la forma en que más de una vez fueron planteadas. Ahora se suma, y no es la primera vez, la acción de quién estuviera en su momento a cargo del vapuleado ONCCA y ahora toma decisiones desde la AFIP.

En efecto, Ricardo Echegaray, a través de un simple comunicado da a conocer una Resolución que lleva su firma y por la cual establece cupos de asalariados para la actividad tambera. Una actividad en la cual desde el asociativismo que significó históricamente la relación entre medieros y propietarios de tambo, hasta las formas participativas en las cuales, a través de esquemas combinados  se dieron lugar en la relación con la mano de obra, la explotación tambera viene mostrando sensibilidad social, amplitud y flexibilidad de criterio para encarar el tema en forma original, no convencional y con reglas diferentes a cualquier otra actividad.

Poner por decreto una relación encorsetada entre “patrones y operarios” está lejos de la comprensión de la historia propia del tambo, de la búsqueda de soluciones mejoradoras y de la participación democrática de los actores involucrados, cualquiera sea su posición en la relación de trabajo. Este desconocimiento de la realidad y la forma en se quiere dictar el tipo y magnitud de la relación aludida no puede llamarse sino atropello. Atropello a la historia, al espíritu de los tamberos y una falta de respeto absoluta a las instituciones representativas.

Así lo sentimos y entendemos que, quienes han sido nuestros interlocutores hasta ahora desde el gobierno, tendrán que asumir una posición clara en este tema. Si esto no fuera así, deberemos interpretar que nos hemos reunido de gusto, que todo lo que hemos hablado y avanzado fue cháchara y que los intereses dictatoriales de determinados sectores prevalecen sobre las intenciones dialoguistas que creímos visualizar en otros.